AddThis Social Bookmark Button

Ciberderecho para defender a las víctimas de Internet

Los delitos que ocurren en la red no tienen porqué quedar impunes. El despacho de ‘ciberabogados’ Ecix asesora a grandes empresas y defiende a particulares ante los problemas que las leyes estatales no son capaces de resolver
Edurne Martínez


Nos roban el coche y sabemos muy bien qué hacer: acudir a la Policía y denunciar. ¿Pero si nos secuestran la información del ordenador? Aquí no tenemos tan claro el siguiente paso. Si una persona empapela la puerta de casa con nuestras fotos también sabríamos que hacer: denunciar y contratar a un abogado. ¿Pero si esas fotos se publican en internet? Otra vez volvemos a estar perdidos.
Ante estos recientes problemas para los que las legislaciones territoriales no están preparadas, surgen soluciones adaptadas al momento digital en el que el mundo entero está inmerso.
«Nos piden borrar noticias de la web, desde parricidas y atracadores de bancos hasta fotos comprometidas que alguien ha publicado para chantajear a otra persona». Miriam García, abogada experta en ciberderecho, avisa de que la diferencia entre internet y la sociedad física es que la red «siempre está» e igual que la gente va olvidando los sucesos, internet no. Pero esto no significa que no se pueda actuar y defender los derechos de personas a las que les sucede un problema en internet, al igual que se actuaría en el mundo físico.
Trabaja en Ecix, un despacho de ‘ciberabogados’ dedicados a defender tanto a empresas grandes como a particulares. Fueron los creadores en 2014 del término ‘ciberderecho’, que Álvaro Écija, socio y director de la compañía, define como «una disciplina que estudia los problemas que se presentan ante los internautas que navegan por la red y aporta las soluciones necesarias para conseguir la mejor protección posible».
Miriam García habla de «islas normativas» -un término también acuñado por Écija- en las que se dividen las plataformas, que cuentan con canales de denuncia donde reportar lo no permitido para que los responsables investiguen. Explica que «hay una gran laguna legal» porque las leyes actualmente son territoriales, las dan los estados, pero en internet no hay fronteras. «A veces se consigue llegar hasta la persona que ha cometido el ‘ciberdelito’ pero no se puede seguir porque los jueces no tienen competencias». Para conseguir defender los derechos de sus clientes, han decidido que si el problema ha ocurrido en internet, hay que tratarlo como una materia extrajudicial basándose en los términos y condiciones de cada plataforma.
«Los despachos de abogados tradicionales dicen a las víctimas de ciberataques que no se puede solucionar su problema, que si te han ‘hackeado’ la cuenta de Twitter hables con un amigo informático, pero están muy equivocados», asegura la experta. «Hemos tenido casos de cuentas de redes sociales de empresas atacadas que hemos recuperado en cuestión de horas, hablamos con la plataforma y aplicamos su normativa».

«El Derecho del revés»

Se dedican a estudiar los términos y condiciones de cada web o red social, y suelen tener éxito: «Ninguna plataforma quiere que haya problemas ni conflicto en ella, ni YouTube, ni Google, ni Facebook».
Álvaro Écija asegura que su objetivo fue pillar la ‘ciberimpunidad’: «Esta es la única industria que duplica el número de incidentes y no pasa nada, porque internet es un mundo privado con intereses privados; cuanto más miedo vendes más defensa necesitas». En su libro ‘El ciberespacio, un mundo sin ley’ (Círculo Rojo, 2016) -que se distribuye gratuitamente por internet y en papel-, afirma que este universo establece una nueva pauta: «el Derecho del revés. No es la Ley la que rige en internet, sino internet el que rige el Derecho».
Como internet es un mundo nuevo basado en la comunicación de uno a uno y la democracia participativa, la fuente del derecho «van a ser las costumbres». Por ello, hay que tener cuidado de que las multinacionales de internet «se extralimiten en sus normas». En su opinión, habría que crear un código de confianza entre la comunidad para que los usuarios lo fueran aceptando y puntuando. «Seguro que Facebook lo aprobaría porque no quiere quedarse sin ellos».

Desactualizados

«Nadie nos ha formado para esto. Yo tengo 29 años y nunca se me hubiera ocurrido tirar de los términos y condiciones de una plataforma, hubiera ido a la Ley de Protección de Datos. Nos estamos equivocando», comenta García. Sin embargo, desde el despacho tienen muy claro que los ‘ciberabogados’ son una profesión del futuro «que debería estar tanto en los organismos públicos como privados». Écija asegura que ahora mismo hay «dos velocidades», los profesionales que están en la era de la información y «los que se están quedando atrás». Por ello, la educación en internet es «básica».
En este despacho con sede en el Paseo de la Castellana de Madrid son casi 100 empleados entre abogados, matemáticos e informáticos. Cerraron 2016 con una facturación de 12,5 millones de euros gracias a sus trabajos de ‘ciberdefensa’ y ‘compliance’ (cumplimiento normativo).

‘Startups’ dedicadas al sector ‘legaltech’

Una de cada dos personas acude a internet cuando quiere resolver un problema legal, según datos de un estudio elaborado por Kantar TNS. Esta progresión ha hecho que surjan muchas ‘startups’ del sector ‘legaltech’ o tecnología jurídica. Estas empresas se dedican a ofrecer a los usuarios las herramientas de internet para facilitarles  la tarea de resolver problemas legales.
Una de las que más impacto ha tenido es Rocket Lawyer (San Francisco, 2008), que permite a los usuarios crearse documentos legales automatizados y personalizados a sus necesidades «de manera sencilla y asequible», asegura Alejandro Elduayen, director de Marketing Digital de la empresa en España. Así, toda la sociedad puede tener acceso a un ámbito legal «normalmente restringido a un tipo de público con conocimientos jurídicos y alto poder adquisitivo».
Por su parte, Diego Romero, responsable de la Red de Abogados de Rocket Lawyer España, explica que los abogados están «en el centro» de su actividad. Por ello, su modelo de negocio no implica competir con los despachos, sino «complementarse» con su asesoramiento al servicio de documentación que ellos ofrecen.
La plataforma es gratuita y está abierta a la participación de todos los abogados de España. «Se trata de una relación ‘win-win’ de sinergias en la que todas las partes salen ganando», afirma Romero.

¿Qué es el ‘compliance’?

El cumplimiento normativo o ‘compliance’ es la función que tienen las empresas de establecer los procedimientos que aseguran el cumplimiento de las normas interno y externo. Implica tanto a los directivos como empleados, que deben cumplir con el marco normativo vigente. Así, esta función identifica, asesora, alerta, monitoriza y reporta sobre los riesgos de incumplimientos legales o regulatorios de las organizaciones.
El término se ha puesto de moda en España después de conocer que el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) impuesto por la Unión Europea entró en vigor el 25 de mayo de 2016 y será de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018. Deben acogerse a él todas las empresas españolas, tanto multinacionales como pymes y autónomos.
Para los que incumplan la normativa, prevé sanciones que llegan hasta los 20 millones de euros. Los expertos de la compañía de seguridad informática ESET aseguran que la nueva normativa impone dos obligaciones: informar mejor a las personas sobre cómo van a ser usados sus datos, y la implantación de medidas de seguridad reforzada como sistemas de cifrado y de doble factor de autenticación, «ante el preocupante incremento de los ataques informáticos», explica Pablo Fernández Burgueño, abogado especialista en Tecnología en Abanlex, que ha colaborado en la redacción del informe.